Contexto General y Justificación del Congreso

La trata de personas en América Latina ha alcanzado proporciones alarmantes, tanto en el cruce de fronteras como al interior de los países, la explotación sexual comercial tanto de mujeres y niños.

En el año 2000 se aprobó el Protocolo para Reprimir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional. Desde entonces los países latinoamericanos se encuentran en proceso de ratificación y de elaboración de leyes y políticas públicas que combatan la trata de personas.  Por otro lado, las organizaciones civiles en algunos países del continente han incrementado su atención a las víctimas de la trata en todas sus manifestaciones, pero con una preocupación por la que se realiza con fines de explotación sexual. Tanto las instituciones públicas de los Estados, sus ámbitos legislativos, ejecutivos y judiciales han manifestado su preocupación por no contar con estudios suficientes para entender el fenómeno, establecer políticas públicas de persecución de las bandas de delincuencia organizada y atender a las víctimas. Existe en este sentido una creciente preocupación porque se desarrollen líneas de investigación múltiples y variadas, así como que se difundan experiencias, “buenas prácticas” y modelos de atención a víctimas, acceso a la justicia y desactivación de la delincuencia organizada.

Desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil se han dado importantes esfuerzos en materia del establecimiento de agendas de incidencia para los temas de migración, violencia de género, y de infancia, con el objetivo de incidir en las instancias del Estado para el respeto de los derechos de las mujeres, los niños y los migrantes. Sin embargo, los investigadores y las organizaciones civiles se han percatado de fenómenos que no habían observado con atención antes desde la perspectiva del Protocolo de Palermo y su definición de trata de personas que pone énfasis en el proceso de captación, traslado y explotación de las personas con diversos medios comisivos y para diversos fines.

Por tal motivo es importante que los investigadores que estudian los temas de violencia de género, migración e infancia comiencen a generar estudios desde una perspectiva de trata; y que las redes de organismos civiles que trabajan a favor de las mujeres, los niños y la vigencia de los derechos humanos, articulen una agenda mínima común en torno a este fenómeno. Para ello, se necesita crear espacios de encuentro entre la academia y los actores civiles y sociales, para generar un debate público deliberativo sobre un problema que nos atañe a todos; y lograr que los Estados asuman, a partir de éste, no sólo compromisos establecidos en los instrumentos internacionales de protección, sino acciones efectivas para el combate a la trata de personas, el respeto a los derechos humanos de los migrantes y la atención de las víctimas y su acceso a la justicia.

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